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Ante la trascendencia del reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la decisión de intervenir por sesenta días el gerenciamiento y la administración de la empresa VICENTIN S.A.I.C., el Concejo Directivo de AIERA expresa lo siguiente:
La decisión tomada es fruto de una situación no deseada, que ojalá hubiera podido evitarse, y que se da en medio de la pandemia mundial del Coronavirus que ha golpeado todas las economías del planeta y está significando un gran esfuerzo para la economía argentina. Pero también sucede forzada por el proceso concursal que está siendo investigado por la Justicia, dadas las numerosas irregularidades en la asignación de créditos, especialmente por parte de la banca pública nacional.
En ese marco, el Concejo Directivo de AIERA entiende que la quiebra del grupo comercial generaría un grave daño al tejido económico nacional si arrastrara a las industrias que componen la asociación y se perdieran, por consecuencia, los más de 5.000 puestos de trabajo.
Se trata de una empresa con actividades diversificadas en diferentes actividades agropecuarias, una de las principales del país, que exporta alrededor del 10% de la oferta de agroexportación.
La sociedad concursada es controlante de empresas productoras de alimentos en el mercado interno, por lo que su caída provocaría una mayor concentración de la oferta y un aumento de los precios internos, afectando a los consumidores. La provisión de alimentos al mercado interno, a precios justos y razonables, coordinando el proceso con las exportaciones, hace a la cuestión de la soberanía alimentaria.
Además, la quiebra de la empresa podría comprometer a la banca nacional, especialmente la pública, que fue uno de los principales prestatarios del grupo, bajo investigación. Esa situación debe evitarse para no perder un instrumento de crecimiento y desarrollo.
Dado que Argentina atraviesa muy graves problemas de restricción externa y requiere aumentar la exportación para la obtención de divisas genuinas, pero también agregarle valor a las ventas externas, no resultaría conveniente para los intereses del país que la empresa pasara a manos de grupos transnacionales, como está muy cerca de suceder.
Hace muchos años que se tiene demasiadas sospechas sobre la transparencia de la cadena de exportación agropecuaria. Tener un jugador testigo de ese proceso permitiría entender y evitar transacciones subfacturación, fuga de divisas y no pago de derechos e impuestos.
AIERA siempre ha sostenido públicamente que se necesita un grupo capitalista nacional que apueste a la inversión, a la agregación de valor en las provincias y el medio rural, a la generación de puestos de trabajo de calidad y alta productividad y a la exportación de productos elaborados. Disponer de una empresa pública inversora, como la que pudiera constituir YPF Agro, que apueste a la producción nacional de toda la cadena productiva y a la exportación agropecuaria con valor agregado, debería ser un objetivo nacional.
La nueva conducción de la empresa debería plantearse agregarle valor a la producción primaria nacional, comprar la producción a los pequeños y medianos productores rurales en condiciones justas y no abusivas como ha venido sucediendo en las últimas décadas. Muchos productores chicos y medianos, como las cooperativas deberían querer sumarse y venderle al nuevo grupo nacional. Éste podría transformarse en un fuerte impulsor del desarrollo del interior y por eso se debe apoyar la iniciativa.
Por último, surge la duda si no será también el momento para que este nuevo grupo promueva el resurgimiento de la desaparecida industria marítima y fluvial nacional que transporte los productos del país y que sea impulsora de la producción y de las exportaciones.
Más allá de estas ideas y como cierre, debería pensarse que el proceso sucedido debería también dejar algunas enseñanzas. Sigue siendo más vital que nunca para el futuro de la Argentina fortalecer institucionalmente el Estado y construir instituciones sólidas que evidencien los casos de dudosa transparencia, que promuevan las tomas de decisiones más sistémicas y enciendan preventivamente las alarmas que, en este caso, no sonaron. Y que es indispensable separar clara y nítidamente las fronteras entre el Gobierno y el Estado, y el campo de acción de los políticos del de los funcionarios, para evitar que los muy escasos recursos públicos que se tiene para la promoción de inversiones de largo plazo que son vitales para el desarrollo del país terminen mal asignados y desperdiciados en inversiones dudosas, que se deben investigar y aclarar.
Buenos Aires, 9 de Junio de 2020
Consejo Directivo A.I.E.R.A.
